La discusión sobre una nueva regulación de Inteligencia Artificial (IA) en San Luis Potosí dejó sin una respuesta concreta una de las preguntas centrales para su aplicación: quién determina cuándo una publicación genera "alarma pública".
Congreso de San Luis Potosí y la regulación de IA
Aunque los especialistas convocados por el Congreso estatal coincidieron en que las normas penales deben ser precisas y evitar conceptos abiertos, no establecieron un criterio específico para definir el límite entre una expresión protegida y una conducta que pueda ser sancionada.
Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que "expresiones como "alarma social" son conceptos jurídicos indeterminados y deben reducirse al mínimo en cualquier legislación". Explicó que existen 17 legislaciones estatales sobre IA en México y que varias confunden la regulación de la tecnología con la creación de delitos.
Riesgos y críticas a la regulación de IA
Añadió que las entidades pueden sancionar delitos cometidos mediante IA, pero no regular la tecnología en sí, pues internet y las telecomunicaciones son materias de competencia federal.
La discusión incluyó cuestionamientos sobre el riesgo de que una regulación para combatir la desinformación termine alcanzando expresiones en redes sociales.
Una periodista planteó la posibilidad de que una mayoría política utilice este tipo de leyes para silenciar voces incómodas.
La abogada Natalia Castillo cuestionó que aunque la Ley Serrano se justificó como una medida para proteger a la sociedad, los procesos derivados de su aplicación fueron impulsados por funcionarios que se ostentaron como particulares y las personas detenidas fueron imputadas de delitos.
El publicista Ulises Castillo preguntó quién determina qué constituye "generar alarma pública" o "alterar la paz social", y advirtió que, sin parámetros objetivos y verificables una investigación periodística puede quedar sujeta a la interpretación de la autoridad.
El debate se registró tras la derogación de la Ley Serrano, que contemplaba imponer hasta seis años de prisión por el "uso indebido" de la IA.