Aunque oficialmente el programa federal para regularizar vehículos extranjeros concluyó el 31 de diciembre de 2025, en San Luis Potosí volvió a abrirse una ventana temporal tras diversos amparos promovidos por organizaciones y gestores vinculados al sector automotriz.
En la práctica, agencias de seminuevos, loteros y despachos de importación ya ofrecen nuevamente el trámite bajo esquemas limitados, mientras propietarios intentan legalizar unidades que habían quedado fuera del decreto.
Actualmente, los vehículos que están entrando en estos procesos son principalmente modelos 2017 y anteriores, con número de serie fabricado en Estados Unidos, Canadá o México, además de que deben comprobar que ya estaban en territorio nacional antes de la fecha límite establecida por el decreto original.
En varios lotes de autos de la zona metropolitana potosina ya se promocionan unidades "con posibilidad de regularización", aunque gestores consultados reconocen que no todos los vehículos pasan la validación del REPUVE o de Aduanas.
El costo oficial del trámite federal continúa rondando los 2 mil 500 pesos, pero en la realidad el gasto total suele elevarse considerablemente.
Entre placas, control vehicular, cambio de propietario, gestoría, revisión física y otros pagos estatales, propietarios reportan desembolsos que van desde los 8 mil hasta más de 15 mil pesos dependiendo del vehículo y del intermediario utilizado.
Incluso, algunos loteros reconocen que muchos compradores prefieren pagar un "paquete completo" para evitar filas, citas saturadas o rechazo de documentos.
Entre los requisitos que continúan solicitándose están identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, título de propiedad americano, número de serie visible y comprobante de pago.
Sin embargo, gestores admiten que el mayor problema sigue siendo la incertidumbre legal, pues mientras algunas oficinas continúan recibiendo trámites derivados de resoluciones judiciales, otras advierten que el programa federal ya no tiene vigencia formal.
Esa contradicción ha provocado confusión entre ciudadanos y ha abierto nuevamente espacio para el coyotaje.