Los exintegrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos agotaron la última vía legal para impugnar su remoción y la designación de nuevas autoridades municipales, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara el desechamiento de la controversia constitucional promovida contra decisiones del Congreso del Estado.
El Pleno del máximo tribunal resolvió mantener sin cambios el acuerdo que rechazó admitir a trámite la demanda, al concluir que quienes la promovieron carecían de facultades legales para representar al municipio.
La impugnación fue presentada por los entonces concejales Gaspar Méndez Ramírez y Dante Alan Carreón Sandoval, quienes buscaban controvertir la aceptación de la renuncia de la presidenta concejal, la remoción de los integrantes del Concejo Municipal y la integración de un nuevo órgano de gobierno. Más adelante, la entonces síndica Liliana Méndez Fajardo intentó ratificar la acción legal ante la Corte.
Sin embargo, por mayoría de siete votos, las ministras y ministros determinaron que la representación jurídica del municipio corresponde a la sindicatura y que los concejales no contaban con legitimación para promover una controversia constitucional. También concluyeron que la comparecencia posterior de Méndez Fajardo no modificaba esa situación.
Con esta resolución quedó firme el acuerdo emitido previamente por la ministra Lenia Batres Guadarrama y se dio por concluido el expediente. La Corte no analizó los argumentos relacionados con la actuación del Congreso del Estado, al considerar que la controversia no cumplía con los requisitos legales para su admisión.