Tres abortos legales se han llevado a cabo en lo que va de 2018, en hospitales de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA), informaron fuentes gubernamentales.
Si bien la SSA argumentó que por cuestiones de confidencialidad no podía revelar las causas de la interrupción fetal, recalcó que los procedimientos se llevaron a cabo conforme a las excepciones que tiene el Código Penal del Estado al respecto.
Según dicha penalidad, en el Artículo 150 acota que es excluyente de ese delito: “Aquella que sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida; de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”.
Es decir, que tres potosinas de cierta edad que acudieron a alguno de los complejos hospitalarios de los Servicios de Salud del Estado este año, presentaron una de las tres condiciones antes referidas.