El hecho de que los entes o instituciones tengan montos imputados, no significa que deben devolverse propiamente, ya que pueden ser aclarados, tanto en dinero, argumentos o documentación, explicó Rocío Elizabeth Cervantes Delgado, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En días anteriores, se dio a conocer que, de 897.8 millones de pesos observados a diversos organismos estatales en la cuenta pública de 2018, las dependencias solo han resarcido, hasta marzo de este año, 2.3 millones de pesos, según datos del propio ente fiscalizador
La entrevistada ejemplificó que el ente auditable no haya presentado los argumentos o los documentales necesarios para desahogar esa observación de recursos económicos, y por ende, continúa observado con monto.
“Pero hay veces en que en ente ‘mejor devuelvo el recurso’ y con eso son resarcimientos, que es lo que nosotros hemos dicho: de lo que se observó que son a lo mejor son 10 millones de pesos (caso hipotético), hubo un resarcimiento de 2 millones ¿Por qué? Porque ese resarcimiento es cuando se puede cuantificar en dinero depositado o devuelto”, expuso.
Aclaró que dicho concepto también puede darse con la entrega de documentos, es decir, no significa que no se haya desahogado la observación a la dependencia. Aunado a ello, matizó que los entes pueden combatir con un recurso de revocación o ante los tribunales “y eso genera que no se haya podido resolver”, dijo.
Argumentó que la totalidad por resarcimiento a veces parece muy poco contra lo observado, porque se trata del recursos económicos devuelto, no de lo desahogado. “Nuestras leyes están diseñadas para favorecer la presunción de inocencia, por lo que el proceso de resarcimiento de daños inicia una vez que se demostró la existencia de responsabilidad en los funcionarios públicos y/o particulares involucrados”, concluyó.