Familias indígenas de La Peña, en Tampamolón, obtuvieron la restitución inmediata de sus viviendas y predios, tras la resolución emitida dentro del conflicto territorial que mantienen desde hace más de 30 años. La medida también limita las actuaciones de autoridades ministeriales y policiales involucradas en el caso.
De acuerdo con Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, la determinación corresponde al Incidente de Suspensión 405/2026, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Ciudad Valles y modificado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. La suspensión provisional fue concedida con efectos restitutorios y posteriormente ratificada como definitiva.
El conflicto escaló en junio pasado, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal, la Policía Ministerial y civiles armados participaron en un operativo para desalojar a más de cien familias tének y nahua del predio. Las denuncias del caso señalan agresiones físicas y destrucción de viviendas y cultivos durante el operativo.
La resolución establece límites para las actuaciones del Juez de Control de Tancanhuitz, agentes del Ministerio Público, Guardia Civil Estatal, Policía Investigadora y Policía Municipal. Además, el Juzgado de Distrito fijó apercibimientos de hasta 230 UMA ante cualquier retraso u omisión del Ministerio Público para cumplir con la restitución.
Tras el conflicto, representantes de La Peña manifestaron ante el Gobierno del Estado y Gobierno Federal la solicitud de atender sus demandas agrarias y buscar una solución a la disputa.
Las y los comuneros también habían exigido la destitución y proceso penal contra la alcaldesa Silvia Medina Burgaña y funcionarios a quienes responsabilizan del desalojo. El Observatorio Indígena Mesoamericano afirmó que la resolución limita los excesos de autoridades estatales.
"Esta determinación pone un alto a los abusos del poder político en dicho municipio y acota los excesos de las autoridades estatales que actúan en contubernio", expresó el activista.