Por el retraso o en su caso negativa para el suministro del Fondo Federal para la Obligatoriedad y Gratuidad de las Instituciones de Enseñanza Superior, el gobierno federal está violando la autonomía de instituciones universitarias, advirtió el abogado Gustavo Barrera López, al dictar la conferencia “El papel de las universidades públicas en el derecho administrativo en México”, durante las jornadas académicas de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo San Luis, y la Universidad autónoma de San Luis Potosí, en materia de derecho administrativo.
Dijo que la autonomía de la que precisamente goza la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es una garantía constitucional para que una universidad pueda cumplir sus funciones, que consiste en estimular el debate de la comunidad, la transferencia del conocimiento, y todos aquellos que también se relacionan con la libertad de cátedra, y son a su vez fines constitucionales contenidos en el artículo 3 fracción 7 de la Carta Magna.
Precisó que esos son precisamente los baluartes de la universidad para que cumpla con sus fines de profesionalización.
“¿Cómo le va a hacer para cumplir con el saber, con la enseñanza o con la investigación?, ¿cómo va a crear sus campus? ¿Cómo va a liberar las matrículas y la contratación de catedráticos calificados? ¿Cómo va a abrir nuevas carreras? ¿Cómo va a recibir equipo de innovación tecnológica para sus laboratorios y todo lo necesario por ejemplo para digitalizar las bibliotecas de las 23 facultades, si no tiene dinero?”.
Explicó que cabe preguntarse cómo no le va a cobrar a los estudiantes una inscripción una reinscripción o una colegiatura, pero todo eso se podría si el presidente de la república libera los fondos, cuando es su obligación porque esa atribución está en la Ley Federal de Instituciones de Enseñanza Superior y en la Ley General de Educación.