La Comisión de Justicia del Congreso del Estado retrasó el dictamen de las iniciativas que proponían tipificar la violencia vicaria en el Código Penal del Estado, así como reconocerla en el Código Familiar.
Se volverá a considerar hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la Nación resuelva si esta reforma, la cual ha sido aprobada a nivel nacional, podría ser inconstitucional.
Las iniciativas fueron presentadas en mayo y octubre del año pasado por la diputada Gabriela Martínez Lárraga, con el apoyo del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, así como por la ciudadana Isabel María Lastras Martínez, derivada de su participación en el Tercer Parlamento de Mujeres del Estado.
La propuesta era reconocer la violencia vicaria como las acciones de violencia ejercida sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por persona que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o de hecho, ejerciendo la violencia en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre.
Se sancionaría aumentando en una tercera parte la pena por violencia familiar, siendo esta de uno a seis años de prisión.
La propuesta obtuvo una opinión técnica favorable por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y fue turnada a la Comisión de Justicia.
En esta comisión, el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández argumentó que se estaría omitiendo legislar en casos donde la violencia vicaria pudiera suscitarse a la inversa, es decir, que una mujer lastime a los hijos del hombre. También cuestionó cómo se consideraría este delito en casos de parejas homoparentales.
Por otro lado, la diputada Cecilia Senllace Ochoa Limón mencionó que la SCJN dio a conocer que resolverán diversas acciones de inconstitucionalidad en las que La Corte se pronunciará sobre la validez de la definición de la violencia vicaria y sus consecuencias jurídicas, tras haber sido aprobada en diversos estados y también a nivel nacional.
La sugerencia de Ochoa Limón fue esperar a que la Corte tenga una resolución y para entonces proceder con el dictamen y no enfrentarse a una nueva acción de inconstitucionalidad.
El diputado Edmundo Torrescano señaló que podría modificarse la redacción del dictamen para poder anularse en caso de que se declare inconstitucional y no seguir retrasando el reconocimiento y sanción de la violencia vicaria, la cual, ha ido aumentando en los últimos años.
Sin embargo, por mayoría de los integrantes de la comisión, se aprobó detener el dictamen hasta obtener la resolución de la SCJN y solicitar una opinión técnica de la Fiscalía General del Estado.
San Luis Potosí se encuentra entre los cinco estados donde se han documentado más casos de violencia vicaria, de acuerdo a un estudio realizado por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en 2022.
La Ciudad de México reportó 350 casos, Jalisco 469, Estado de México 310, San Luis Potosí 127 y Yucatán 111.