Mediante una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, la diputada local Limbania Martell Espinosa propone que el Congreso adopte la facultad de otorgar autonomía universitaria a instituciones de educación superior privadas.
La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de mañana, propone agregar dos apartados, el Quater y el Quinque del artículo 46 de la mencionada ley.
La iniciativa recuerda que en 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una testis jurisprudencial, que derogó las facultades del Ejecutivo para otorgar la autonomía a universidades privadas.
Esto a raíz de una impugnación contra un decreto emitido en 2003 por el entonces gobernador Fernando Silva Nieto, en el que declaraba autónoma a la Universidad Abierta.
Los magistrados, dice la iniciativa, invalidaron la facultad del Ejecutivo, aduciendo que corresponde a los poderes legislativos federal y de los estados. Sin embargo, la ley potosina derogó la normatividad, pero no la sustituyó, imposibilitando el procedimiento para reconocer y revocar la autonomía.
Por esa razón, propone primero que las instituciones particulares de educación superior puedan alcanzar la autonomía de cátedra y de administración, si cumplen con una década de reconocimiento de validez oficial de estudios y otros requisitos, que serían evaluados por los diputados y, si por lo menos las dos terceras partes de los legisladores lo aprobaban, se les reconocería como instituciones autónomas de educación superior.
Por esa misma proporción, el Congreso podría revocar la autonomía universitaria, si la institución dejaba de cumplir los requisitos exigidos.
Al tener las libertades plenas de cátedra y académica, podría elaborar sus propios planes de estudio. La SEGE sólo tendría facultades para registrar dichos planes.
Experiencia fallida
En 2003, el gobierno de Fernando Silva Nieto intentó dar autonomía a la Universidad Abierta.
Una controversia jurídica llevó el caso a la SCJN, que determinó que el Ejecutivo no estaba facultado para otorgarla y anuló la normatividad que regulaba esta situación.