El rezago en la atención de casos de violencia contra menores en San Luis Potosí puede estar vinculado a falta de presupuesto, sobrecarga de trabajo e incluso falta de voluntad institucional, así lo reconoció la diputada Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado.
La declaración se dio tras el encuentro entre colectivos y autoridades, donde se presentó el diagnóstico "Realidades de las Niñeces en San Luis Potosí (2020-2025)". El documento reporta que en ese periodo se iniciaron 10 mil 211 denuncias por delitos contra niñas, niños y adolescentes; sin embargo, sólo el 3.5 por ciento ha sido judicializado.
Ante estos datos, la legisladora también cuestionó el desempeño de instancias como el DIF y las Fiscalías, al señalar que no deberían requerir presión externa para cumplir con sus funciones. "Es una tristeza que el DIF de diferentes municipios no esté trabajando y que la fiscalía necesite que le estén empujando para hacer su trabajo", expresó.
En cuanto a la discrepancia en las cifras sobre la violencia en entornos escolares, indicó que una representante de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) advirtió que la información presentada por organizaciones no contaba con autorización para su levantamiento en escuelas. No obstante, Vancini Villanueva consideró necesario que ambas partes trabajen de manera coordinada para la validación de datos.
Finalmente, informó que el Congreso aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los 59 municipios a designar representantes en los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, ya que actualmente algunas demarcaciones carecen de estas figuras, lo que limita la atención a víctimas desde el ámbito local.