Los sindicatos Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) e Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), criticaron que la reforma que presentó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para modificar a Ley de Pensiones no subsana lo sustraído, ni ataca las causas del quebranto a la Dirección General de Pensiones (DGP).
El SUTSGE respondió a la solicitud de una postura por parte de este diario que la deuda del gobierno estatal con el sistema de retiro no solo subsiste, sino que el gobierno estatal la sigue incrementando, pues en la actualidad aumentó un 75% y el débito contraído con los tres sectores se aproxima a los 5 mil millones de pesos.
Advirtió que hasta la fecha no se han fijado formas ni plazos para finiquitarlo, pero la iniciativa tampoco explica la manera en que se devolverá al organismo cotizador las aportaciones retenidas a los trabajadores.
El gremio mayoritario criticó que se alega cubrir las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores activos y pensionados, sin embargo, no se ha considerado la participación del SUTSGE o si la DGP forma parte del planteamiento, "por lo tanto rechazamos tal iniciativa".
Por su parte, el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) rechazó que las y los empleados estatales paguen el desfalco de más de cuatro mil 680 millones de pesos al fondo estatal de pensiones, que adeuda el gobernador Gallardo Cardona.
Aparte, el SITTGE alertó en comunicado que la reforma legislativa podría tratarse de un "robo", cuyo objetivo buscaría obligar que se descuente un mayor porcentaje del sueldo de la burocracia estatal, y se incremente la edad para jubilarse.
Enfatizó que solamente apoyaría la moción si ello implica obligar al gobernador a pagar lo que le adeuda a pensiones, así como brindar total viabilidad financiera a las jubilaciones con recursos estatales.
"José Ricardo Gallardo Cardona tiene sometido al Congreso del Estado, y las y los legisladores sólo cumplen sus órdenes, por lo que puede imponer reformas legales que obliguen a empleadas y empleados estatales a pagar el adeudo del mandatario en pensiones", acusó.