La inacción de las fuerzas policiacas para evitar la destrucción parcial de la sede legislativa le puede traer altos costos al gobierno de Juan Manuel Carreras López.
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El incidente viene a darse en momentos en que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no está en su mejor nivel.
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El plan financiero del gobierno del estado para enfrentar la crisis sanitaria, que incluye la restructuración de la deuda y el trámite de la autorización de un crédito, y la negativa de la oposición en autorizarlo, marcaron la pauta de esa relación en los días previos al ataque.
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Imposibilitado el gobierno estatal de conseguir la mayoría requerida para concretar sus intenciones, el Ejecutivo necesita de diputados que no están dispuesto a respaldar sus intenciones.
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El ataque al Congreso ha venido a tensar más la relación, en tanto que voces en el Congreso y en los partidos políticos, acusan ahora al Ejecutivo de permitir, con su inacción, la destrucción del inmueble.
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Se ha llegado al grado de pedir la renuncia del secretario general de gobierno, Alejandro Leal. Es casi imposible que se dé esa salida, pero los señalamientos y la desconfianza de un sector de los diputados en el funcionario, seguramente deteriorarán su capacidad como interlocutor.
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Lo cual, en tiempos en los que parece que Palacio de Gobierno necesita más del Congreso, pone a la administración estatal en desventaja.
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El sorpresivo brote de violencia en el Congreso del Estado desvió la atención del incómodo tema, para el gobierno estatal, de las denuncias de presuntas anomalías en algunos contratos de compra en la Secretaría de Salud.
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El nivel de esa incomodidad se refleja en el hecho de que sólo hubo silencio como respuesta oficial a la revelación de que la dependencia que dirige Mónica Rangel tuvo tratos con empresas presuntamente inexistentes, utilizadas por la administración anterior de Baja California en un fraudulento esquema levantado para desviar más de mil millones de pesos y que fue bautizada con el descriptivo nombre de la “Estafa Maestra”.
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Un asunto tan grave, documentado impecablemente por el periodista Juan José Rodríguez, merecía una postura de la administración estatal que despejara la incertidumbre que generó la información, pero no hubo tal.
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Y en otro episodio preocupante por presuntas anomalías en el manejo del erario destinado a enfrentar la pandemia, surgió la información de que la delegación estatal del IMSS adquirió respiradores rechazados en otras entidades, por incumplir las especificaciones requeridas. El gasto, de acuerdo a los documentos de la asignación directa, alcanzaron los 20 millones de pesos.
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Es indignante la idea de que, en medio de la peor emergencia sanitaria que viven el país y el estado, haya indicios de que los recursos no se utilizan con transparencia y, por ende, nazca la sospecha de que algunos estén medrando con ello.
¡HASTA MAÑANA!