A menos de seis meses de haber entrado en vigor la reforma que rediseñó la estructura del Poder Judicial del Estado (PJE), el Congreso estatal dio un nuevo giro al modelo al aprobar ajustes de fondo que reescriben reglas clave sobre la sustitución de magistraturas, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y la reincorporación de figuras operativas eliminadas en la reciente reestructura.
Congreso aprueba ajustes en estructura judicial
El paquete legislativo fue avalado en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia apenas 13 días después de su recepción, y llevado de inmediato al Pleno, donde fue aprobado con 20 votos a favor y 4 en contra de legisladores de Morena, en una sesión marcada por el debate sobre un modelo que apenas había comenzado a implementarse.
Uno de los cambios más relevantes revierte el mecanismo de suplencia de vacantes judiciales. La reforma de 2024 establecía que los cargos serían ocupados por quienes hubieran obtenido la siguiente mayor votación en la elección judicial; sin embargo, el nuevo dictamen elimina este criterio y devuelve al propio PJE la facultad de designar provisionalmente a secretarios de acuerdos, hasta que el puesto vuelva a disputarse en un nuevo proceso electoral.
Cambios en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia
El ajuste también impacta directamente en la presidencia del STJE. El esquema aprobado originalmente contemplaba una rotación cada dos años con base en la votación ciudadana; ahora, el Congreso aprobó que la presidencia se defina mediante votación interna entre magistraturas, con un periodo de tres años, bajo el argumento de garantizar operatividad institucional y paridad de género, desplazando así el criterio de decisión directa de la ciudadanía.
En el debate legislativo, la diputada Gabriela López Torres fue la única en votar contra el dictamen, al advertir que los cambios representan un retroceso del modelo de elección judicial aprobado el año pasado.
Criticó especialmente que la presidencia del STJE deje de definirse por voto ciudadano y que las vacantes ya no sean cubiertas por los segundos lugares de la elección, al considerar que el ajuste "beneficia al propio Poder Judicial" y debilita la decisión de la ciudadanía sobre la integración de la justicia en el estado.