La reforma a los requisitos para ocupar la Fiscalía General del Estado (FGE) generó cuestionamientos de la senadora panista Verónica Rodríguez Hernández hacia los argumentos de los diputados de su partido en el Congreso local.
Los legisladores le señalaron que la modificación corresponde a una armonización con la Constitución federal, pero la senadora afirmó que esa explicación no le resulta suficiente.
Rodríguez Hernández señaló que después de la votación habló con los diputados panistas para conocer las razones de su decisión, debido a que el tema no fue discutido previamente con ella.
La legisladora, quien se encuentra de licencia como presidenta estatal del PAN, dijo que no puede intervenir en las decisiones del Comité Directivo Estatal, pero sí cuestionó a los diputados sobre su voto y sostuvo que mantiene dudas sobre los cambios aprobados.
"A mí me sorprenden varios detalles. El primero es que haya sido así de un día para otro, bueno es el sello de la casa del oficialismo, pero que de un día para otro surgiera un dictamen con estas modificaciones hace que uno sospeche o dude de por qué tanta urgencia en hacer esta reforma. Yo la verdad es que considero que en San Luis Potosí ya están tomando esa costumbre de hacer trajes a la medida", expresó.
Por separado, el coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que la reforma únicamente armoniza los requisitos locales con los establecidos en la Constitución federal.
Refirió que anteriormente la Constitución estatal remitía a las condiciones previstas para ocupar una magistratura, pero debido a que los magistrados ahora son electos por voto popular, se establecieron requisitos específicos para las Fiscalías estatales, de Anticorrupción y en materia Electoral.
La reforma fue aprobada con 17 votos a favor del PVEM, PAN, MC, PRI y PT, seis en contra de Morena y Nueva Alianza y cero abstenciones.
Entre los requisitos establecidos se encuentran tener al menos 35 años, contar con título y cédula profesional de Derecho con una antigüedad mínima de cinco años, haber residido en San Luis Potosí durante los dos años anteriores a la designación y acreditar cinco años de experiencia en procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal.