Acusan indígenas omisión de la CEDH

Denuncian que la presidenta Giovanna Argüelles no resuelve quejas de sus comunidades

Alrededor de 10 quejas de comunidades indígenas permanecen sin resolverse desde hace tres o cuatro años en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), situación por la que se propuso llamar a comparecer a su titular, Giovanna Argüelles Moreno, el próximo 23 de noviembre ante el Congreso de San Luis Potosí. La fecha aún está pendiente de confirmación.

Comunidades indígenas denuncian falta de atención y discriminación

Durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, representantes de las comunidades mixteca, mazahua y otomí denunciaron que el organismo no ha atendido sus solicitudes, les ha negado medidas cautelares y mantiene sus expedientes sin avances. Narciso Mendoza López afirmó que Argüelles Moreno tampoco los ha recibido para escuchar sus demandas.

Mendoza López cuestionó que la CEDH haya emitido una recomendación a favor del diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, en menos de seis meses, mientras las quejas de las comunidades indígenas continúan pendientes. Consideró que esta diferencia evidencia un trato desigual y pidió a las y los legisladores intervenir para que se investigue el estado de los expedientes.

María Guadalupe González Gutiérrez, representante de la comunidad mazahua, también denunció que han solicitado reuniones con la titular de la CEDH sin conseguir atención. Los representantes señalaron que enfrentan discriminación por parte de autoridades municipales y estatales, y solicitaron la destitución de Argüelles Moreno por la falta de respuesta a sus demandas.

Comisión de Derechos Humanos propone comparecencia y seguimiento

Ante estos señalamientos, el diputado Marco Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, indicó que el 23 de noviembre es la fecha propuesta para la comparecencia en la cual, además se solicitará la participación de la Secretaría de las Mujeres y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas con el fin de “establecer mecanismos de protección a las personas que participan en las manifestaciones ante la CEDH”. También se comprometió a dar seguimiento a las quejas presentadas por las comunidades indígenas.