El Congreso de San Luis Potosí, reconoció que no cuenta con recursos para realizar las consultas indígenas y de discapacidad ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cuyo costo estimado asciende a entre 18 y 20 millones de pesos.
La falta de presupuesto coincide con la entrada en vigor de la reforma que prohíbe a las legislaturas estatales solicitar incrementos reales al gasto aprobado para 2026. La estimación financiera presentada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ubica entre 12 y 14 millones de pesos el costo de la consulta indígena y entre 4 y 6 millones la de discapacidad. El cálculo parte de los más de 8 millones erogados en la consulta de 2022, actualizados con inflación y con los gastos operativos obligatorios previstos en ley, como traductores, personal técnico, asesores, logística, traslados y trabajo en comunidades.
El diputado Héctor Serrano Cortés informó que la ruta de cumplimiento definida por la Corte consta de 13 etapas y que el proceso permanece detenido en el segundo punto, correspondiente a la suficiencia presupuestal. El Congreso formalizó la figura del "ente consultante", pero la falta de recursos mantiene sin avance la fase operativa. La restricción presupuestal deriva del artículo octavo transitorio de la reforma aprobada por el propio Poder Legislativo, que impide autorizar, aprobar o ejercer aumentos reales respecto al monto asignado para 2026 y ejercicios subsecuentes, lo que cerró la posibilidad de absorber el costo de las consultas mediante ajustes internos.
Ante este escenario, el área jurídica del Congreso consultará a la SCJN si es viable sustituir algunos mecanismos del procedimiento previsto en la ley indígena para reducir costos y realizar el cumplimiento, una salida que también dependerá de la aceptación de las comunidades involucradas.