Luego que el sistema penitenciario de San Luis Potosí resultó reprobado por la CNDH, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que existe sobrepoblación de personas privadas de la libertad (PPL), impulsada en grande medida por la aprehensión de presuntos narcomenudistas.
Ante dicho problema en las cárceles potosinas, el mandatario estatal reconoció que la solución es la construcción de un sexto penal, cuya propuesta ya había sido revelada hace unos meses por Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
"Lo que se llama de reprobar, no es un tema de reprobar, es un tema que ya no tienen capacidad de albergar más personas. Todo mundo lo sabe: estamos en sobrepoblación; en todos los penales tenemos sobrepoblación", admitió.
Gallardo Cardona adujo que la edificación es necesaria, aun cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) envía cada tres o cuatro meses alrededor de 20 internos a penales federales.
Expuso que los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) se encuentra al 120 por ciento por encima del límite recomendado, motivo por el cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) definió dicha evaluación.
"Ese 120 por ciento se compone casi el 80 por ciento de narcomenudistas. Gente que estaba en las calles vendiendo sustancias prohibidas (...) ante no se detenía, esas personas salían en 72 horas", expresó.
¿Qué dijo la CNDH?
El sistema penitenciario de San Luis Potosí se ubicó en semaforización color rojo en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es decir, resultó reprobado.
La evaluación estableció una calificación de 5.40 puntos en la operatividad de los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso).
De las cinco cárceles estatales, solo el penal de Ciudad Valles obtuvo una semaforización color amarilla con 6.20 puntos. Los demás se ubicaron en color rojo con puntajes entre 5.04 y 5.29 puntos.
En general, se detectaron deficiencias en la atención a personas adultas mayores; a personas con discapacidad; indígenas; de la comunidad LGBTTTIQ+; así como insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Además, se identificó una deficiente integración del expediente técnico-jurídico; deficiente separación entre procesados y sentenciados; inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; y una organización y registros inadecuados para el cumplimiento del plan de actividades, incluyendo la vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.
Se complementó que existió insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas y educativas.
Sobresalió que, en los penales de La Pila, Tancanhuitz y Tamazunchale, se ubicaron deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; y presencia de actividades ilícitas.