Con mil 500 carpetas de investigación abiertas sólo en 2025 por desaparición de personas en San Luis Potosí y otras 30 iniciadas antes del 15 de enero de 2026, la crisis continúa en expansión.
Así lo expuso Edith Pérez Rodríguez, vocera del colectivo 'Voz y Dignidad por los Nuestros', quien advirtió que a estas cifras se suman expedientes acumulados desde 2018, cuando comenzó a operar la Unidad Especializada, y registros forenses que datan desde 2006. En Servicios Periciales, dijo, existe una estadística de cuerpos enviados a la fosa común entre 2006 y 2019.
Las declaraciones se dan tras la aprobación en el Congreso del Estado de la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición Cometida por Particulares, que sustituirá a la actual Unidad Especializada y armoniza la legislación local con la Ley General vigente desde 2017. Sin embargo, para el colectivo, el problema no era únicamente el cambio de nombre.
Pérez Rodríguez sostuvo que la exigencia central ha sido garantizar recursos y personal exclusivo para la investigación de desapariciones. Señaló que, aunque la Fiscalía General del Estado recibe un presupuesto de 600 millones de pesos, la asignación a la Unidad dependía de decisiones internas. Indicó que conocieron que 32 personas fueron contratadas mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FAS) para esa área, pero solo 12 laboraban directamente en la unidad, mientras las demás estaban distribuidas en otras áreas.
También cuestionó el uso de recursos destinados a búsquedas inmediatas. Afirmó que existe financiamiento para camionetas y apoyos logísticos como gasolina y alimentos cuando se activa una búsqueda urgente, pero aseguró que esos apoyos no les han sido proporcionados, por lo que las familias cubren los gastos de su propio bolsillo.
Aunque reconoció que la Comisión de Víctimas en el estado brinda acompañamiento en trámites, advirtió que los viáticos se entregan con una semana de anticipación, lo que dificulta la reacción inmediata ante reportes urgentes.