Fallas en tomógrafos y ultrasonidos, suspensión de cirugías por falta de insumos y carencias de medicamentos especializados ponen en riesgo la realización de trasplantes en San Luis Potosí, pues órganos y tejidos disponibles podrían no ser utilizados por falta de condiciones materiales mínimas en los hospitales.
Fallas en trasplantes afectan hospitales en San Luis Potosí
En el primer semestre de 2026 se realizaron 84 trasplantes en la entidad, de acuerdo con una iniciativa de reforma a la Ley de Donación y Trasplantes para el Estado.
El documento advierte que las deficiencias registradas en distintas unidades hospitalarias pueden afectar la capacidad para llevar a cabo estos procedimientos e identifica entre ellas al Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", el Hospital General de Soledad y el Hospital del Niño y la Mujer.
Propuesta de reforma para administrar donativos en trasplantes
La propuesta, presentada por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, plantea modificar los artículos 15 y 19 de la legislación estatal para que el Centro Estatal de Trasplantes (Cetra) pueda recibir y administrar donativos destinados a estos procedimientos. Los apoyos podrían consistir en dinero, medicamentos, insumos, material médico y quirúrgico, equipo o servicios especializados, provenientes de particulares, instituciones públicas o privadas y organizaciones civiles.
Estos recursos no podrían utilizarse de manera generalizada. La iniciativa establece que procederían cuando exista un desabasto institucional acreditado o cuando un paciente se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, comprobada mediante un estudio socioeconómico, y esté en riesgo su vida, su salud o la viabilidad del trasplante. Para acceder a ellos tendría que existir una solicitud formal y justificada de la persona titular de la institución de salud correspondiente, además de suficiencia presupuestaria.
La modificación al artículo 19 también plantea que la Junta de Gobierno del Cetra autorice previamente la aplicación, entrega o distribución de los donativos y verifique el cumplimiento de requisitos técnicos, sanitarios, administrativos y presupuestales, así como la trazabilidad de los recursos. La propuesta se sustenta en los artículos 1° y 4° de la Constitución federal, la Ley General de Salud y la Constitución Política del Estado.