La persona que busque encabezar la Fiscalía General del Estado (FGE) enfrentará nuevos requisitos y restricciones, entre ellos no tener antecedentes de violencia contra las mujeres, delitos sexuales, adeudos alimentarios ni determinadas sanciones administrativas.
El dictamen fue votado este 10 de agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero el documento publicado en la Gaceta Legislativa señala que fue emitido y aprobado el 6 de agosto, fecha que también aparece en las firmas de la votación.
La propuesta modifica el artículo 122 Bis de la Constitución estatal para dejar de vincular los requisitos de la Fiscalía con los establecidos para una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia y crear condiciones específicas para el cargo. Entre ellas se contempla un periodo de siete años sin posibilidad de reelección, una edad mínima de 35 años, título y cédula profesional de Derecho con al menos cinco años de antigüedad y residencia de dos años en San Luis Potosí.
El proyecto establece que no podrán ocupar la Fiscalía quienes tengan una sentencia condenatoria firme por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o delitos contra la libertad, seguridad o normal desarrollo psicosexual. Tampoco quienes aparezcan en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, hayan sido sancionadas por faltas administrativas graves o estén inhabilitadas como servidoras o servidores públicos.
Las nuevas reglas también establecen filtros políticos. La persona designada no podrá haber ocupado la gubernatura, una diputación local o una presidencia municipal durante el año inmediato anterior, ni haber dirigido un partido político en los tres años previos. Además, deberá acreditar al menos cinco años de trayectoria profesional en procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal.
La iniciativa fue presentada por la diputada María Leticia Vázquez Hernández el 30 de julio y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales el 4 de agosto. El dictamen establece que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación y precisa que los nuevos requisitos no serán aplicables de manera retroactiva a María Manuela García Cázares, actual titular de la Fiscalía, quien continuará en el cargo conforme a las condiciones de su nombramiento.
El proyecto quedó pendiente de discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno.