Con el regreso a las actividades en el Poder Judicial del Estado, desde el pasado lunes 15 de febrero, existe un control más estricto de todas las medidas de prevención, además de que se aplican sanciones para las y los trabajadores que hagan caso omiso a los procedimientos, informó la magistrada presidente, Olga Regina García López.
Estas sanciones, de carácter administrativo, van desde una llamada de atención o amonestación pública, hasta la suspensión por al menos un día de trabajo en el caso de quienes sean reincidentes en alguna falta.
La idea, dijo la magistrada, es mantener un ambiente libre de riesgos tanto para el personal como para las y los usuarios que deban acudir de manera presencial a las instalaciones del Poder Judicial, las cuales, dijo, serán desinfectadas de manera continua.
Informó que la suspensión de labores, vigente desde el 28 de enero pasado hasta este lunes 15 de febrero, permitió que no se registraran más casos de contagio de Covid-19 entre el personal y magistraturas del Poder Judicial, que aquellos que se revelaron a mediados del mes inicial.
García López añadió que, en el marco de esta pandemia, en dos semanas más, aproximadamente, quedarán definidos otros trámites judiciales que podrán realizarse de forma virtual para disminuir la interacción personal.
Entre los trámites que serán despresurizados con el retorno a oficinas, la magistrada destacó en cobro de pensiones alimenticias que se hace en los juzgados de lo familiar y dijo que se va a procurar tener estos juzgados en un horario amplio para evitar aglomeraciones.