Aldo Fernández
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En materia de sanciones a entes opacos, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado (CEGAIP) presentó una inclinación a las amonestaciones, pues en 2022, de las 31 que impuso, sólo una fue una multa económica, y el resto, reconvenciones, revelaron datos del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi).
En ese sentido, el estado se ubicó como uno de los más "blandos" hacia las prácticas de opacidad, colocaron a San Luis Potosí como una de las entidades de acuerdo con un tabulado del Inegi.
Según el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2023.
Con datos de 2022, la entidad potosina registró 31 sanciones aplicadas a sujetos obligados que derivaron, en su totalidad, de faltas relacionadas al acceso a la información pública.
El comparativo nacional muestra que San Luis se colocó, para ese año, en décimo quinta posición de entidades con mayor número de sanciones totales emitidas a 24 sujetos obligados por estado. De estas sanciones, 30 corresponden a multas, mientras que solo una aparece en el registro como amonestación pública, la cual es solo una advertencia.
Cabe señalar que esta posición es relativa debido a que el censo muestra únicamente los resultados de 22 entidades de la república, mientras que los 10 restantes fueron registrados bajo la categorización de No Aplica.
El Poder Ejecutivo fue el sujeto obligado que más sanciones acumuló en el estado con un total de 21 multas por faltas al acceso de la información, seguido de este y dentro del mismo rubro, los partidos políticos fueron acreedores a 5 multas, por su parte, los sindicatos tuvieron 3 multas, las instituciones de educación superior tuvieron una sola multa, y sujetos obligados pertenecientes al municipio, fueron quienes absorbieron la única amonestación pública en el estado.