La diputada priista Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para elevar hasta 70 años de prisión el castigo por feminicidio en San Luis Potosí y ampliar las circunstancias que permitirían investigar y sancionar una muerte violenta por razones de género.
La propuesta potosina retoma varios componentes de la iniciativa de ley general remitida al Congreso de la Unión después de que, en mayo, entró en vigor la reforma constitucional que facultó al Poder Legislativo federal para homologar el delito de feminicidio en todo el país.
La ley general federal todavía no ha sido aprobada. Sin embargo, el proyecto presentado por Rocha Medina incorpora varios de sus planteamientos, entre ellos el aumento de las penas, nuevas razones de género, la imprescriptibilidad del delito y mayores restricciones para que las personas sentenciadas obtengan beneficios procesales.
Actualmente, el feminicidio se castiga en San Luis Potosí con entre 40 y 60 años de prisión. La iniciativa propone elevar tanto la pena mínima como la máxima para establecer un rango de 50 a 70 años.
Uno de los cambios permitiría considerar como razón de género que el agresor hubiera pretendido establecer con la víctima una relación afectiva, de confianza, amistad, parentesco, subordinación o superioridad, aunque ese vínculo no se hubiera concretado.
El código potosino ya contempla las relaciones de parentesco, afectivas, docentes, laborales, de amistad, confianza y subordinación. La modificación consistiría en incluir también la intención del agresor de establecer alguna de ellas.
La propuesta también precisa que los antecedentes de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica podrán tomarse en cuenta aunque no hubieran sido denunciados previamente.
Entre los nuevos supuestos se incluyen los feminicidios cometidos en contextos de subordinación o desigualdad de poder entre el agresor y la víctima.
También se considerarían los crímenes motivados por prejuicios relacionados con la orientación sexual, la expresión de género o las características sexuales de la víctima, así como aquellos en los que la mujer se encontrara en estado de indefensión y tuviera disminuidas o anuladas sus posibilidades de protegerse.
Además, la iniciativa propone que la investigación, la sanción y la reparación integral del daño no prescriban. Esto permitiría perseguir el delito sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.
En materia de tentativa, San Luis Potosí ya cuenta desde mayo de 2025 con una disposición que considera como tentativa de feminicidio los ataques contra mujeres cometidos con ácido, sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables o fuego.
La reforma ampliaría ese apartado y establecería que la pena por tentativa no podrá ser inferior al castigo mínimo previsto para el feminicidio consumado. Si se aprueba el nuevo rango, la sanción mínima sería de 50 años de prisión.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia, donde será analizada antes de que pueda someterse a votación. La reforma constitucional federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, mientras que la ley general continúa como propuesta ante el Congreso de la Unión.