Ceepac le dice no al Congreso

Rechaza el organismo electoral hacerles las consultas ordenadas por la Suprema Corte de la Nación

A semanas de que venza el plazo para cumplir con mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso no ha definido cómo realizará tres consultas públicas obligatorias.

Ceepac rechaza organizar consultas públicas

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) rechazó organizar los procesos al considerar que la responsabilidad le corresponde directamente al Legislativo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, confirmó que el organismo electoral no aceptó organizar las consultas pendientes por resolución judicial. "El propio Congreso tiene facultades para asignar alguna responsabilidad a una institución para que realice la consulta. Esta tiene que desarrollarse antes de que concluya el mes", declaró en entrevista. Adelantó que solicitará una reunión con la presidenta del Ceepac para precisar las razones del no acompañamiento.

Marco legal y responsabilidades en consultas públicas

Desde el órgano electoral se sostuvo que su marco legal no le atribuye esa función. De acuerdo con la ley en la materia, los poderes del Estado, municipios e instituciones obligadas a consultar a comunidades indígenas son considerados "consultantes" y las entidades normativas están definidas por ámbito: en el Judicial, la Comisión de Justicia de Pueblos Originarios del STJ; en el Ejecutivo, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas; en el Legislativo, la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas y en los municipios, los representantes indígenas, con asesoría técnica del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

El Ceepac indicó que durante la reunión con la Jucopo escucharon sus planteamientos y les expusieron las atribuciones del organismo. Argumentaron que la obligación de realizar las consultas deriva de un mandato emitido por la SCJN, por lo que la responsabilidad es directa e intransferible del Congreso.