La iniciativa de castración química es un tema del Congreso del Estado, por lo tanto, es la instancia que debe responder sobre la factibilidad del planteamiento, dijo Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.
Luego de que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona urgió a legislar sobre la castración química a violadores, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, propuso reforzar la educación, proporcionar apoyo psicológico y verdaderamente readaptar a las personas privadas de su libertad por ese delito, pero no causar daño contra la persona en el aspecto físico.
Aparte, Guadalupe Torres subrayó que la postura del gobierno del estado fue plantear la iniciativa, sin embargo, las y los congresistas son los responsables de aprobar o no la reforma al Código Penal del estado.
“Está en las manos del Poder Legislativo, más bien habrá que preguntarles a ellos cuál es la postura”, se deslindó el funcionario estatal.
La iniciativa expone que con tal “medida de seguridad”, se evitará la reiteración de la conducta de las personas sentenciadas, evitando la puesta en riesgo para la víctima, el ofendido y para la sociedad.
Agregó que la autoridad judicial determinará la imposición o no de esa medida, cuando encuentre sustento en la opinión médica que recaben los jueces, a partir de las condiciones de salud o congénitas particulares del sentenciado.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo plantea tratamiento psicológico o psiquiátrico, consistente en la aplicación de terapias, con la finalidad de que la persona sentenciada identifique, controle y corrija su trastorno psicológico o sociológico, para evitar su reincidencia criminal.