Francisco Rivas Rodríguez, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad AC (ONC), señaló que entre enero y abril del año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció sólo 10 víctimas de secuestro en San Luis Potosí, pero existen indicios en las propias estadísticas oficiales manejadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de que en realidad, 306 personas fueron afectadas por delitos contra la libertad personal, por lo que se puede presumir un ocultamiento.
En entrevista, Rivas Rodríguez indicó que el año pasado, tras los secuestros masivos que involucraron a 140 personas plagiadas en Matehuala, la mayoría migrantes, en la ONC se dieron cuenta que las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aportadas por al FGE, sólo mostraban 10 víctimas de plagio y una de rapto.
Pero también, indicó que el reporte contabilizaba 214 afectadas por crímenes categorizados como “otros delitos que atentan contra la libertad personal”. En total, serían 225.
En una solicitud de información presentada a la FGE, se preguntó por qué no se contabilizaban las 140 víctimas de los plagios ocurridos en abril en la carretera 57, a lo que la FGE contestó que el 13 de junio (la respuesta de la Fiscalía se dio el 16 de ese mes) la cifra se había actualizado.
Por otra parte, la ONC solicitó a la dependencia un desglose de los conceptos que se concentran en el apartado de “otros delitos contra la libertad personal”, que sumaban 214 víctimas.
Sin embargo, en su respuesta, la FGE reveló la existencia no de 214, sino de 296 víctimas: 168 correspondían al rubro privación ilegal de la libertad, 108 a sustracción de menores, 12 a desaparición cometida por particulares y 8 a robo de infantes e incapaces. Sumados los 10 plagiados reconocidos oficialmente, la cifra sumaría 306.
Esa categoría, dijo el entrevistado, “es la caja de sastre para meter todos los casos de secuestro y desapariciones”.
Relató que familias de personas afectadas señalaron que en la FGE no atendían las denuncias de desapariciones. “Al final no les dieron una carpeta de investigación”, indicó.
El entrevistado indicó que esta situación “es bastante grave, pues revela que existe un ocultamiento de los casos de secuestro en San Luis Potosí”