Por la inexistencia de un marco legal básico, 300 casos de violencia política en razón de género quedaron sin castigo para los agresores durante el proceso electoral del 2018, informó la presidente del Observatorio Ciudadano de Participación Política de las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí, Denisse A. Porras Guerrero.
Calificó este fenómeno de preocupante y urgió al Congreso del Estado a que rescate o haga las iniciativas de ley necesarias para crear un marco normativo que garantice los derechos de las mujeres que participan en política.
Los 300 casos fueron detectados y documentados mediante un estudio de campo realizado con apoyo de la organización civil Educación y Ciudadanía A. C. (Educiac) y el Instituto Nacional Electoral (INE) durante los comicios del año pasado.
Ningún caso derivó en denuncia, precisamente porque no hay base legal para sancionar a los agresores, explicó.
Porras Guerrero lamentó que, de momento, solo se pueda declarar sobre el tema, hacer visible la problemática, señalar, todo esto a la espera de los cambios necesarios en la ley.
Denisse A. Porras concluyó afirmando que, una vez tipificado el delito de violencia política en razón de género y existiendo la sanción junto con una autoridad encargada de dar seguimiento y castigar a los agresores, seguramente muchas mujeres se animarán a denunciar y se conocerá la realidad del fenómeno.