El panorama para la consulta que definirá la municipalización de Villa de Pozos, no es del todo favorable debido a que la Ley de Referéndum y Plebiscito del Estado de San Luis Potosí tiene muchas anomias y lagunas, sobre la votación necesaria para que su resultado sea vinculante, consideró Juan Manuel Ramírez, integrante del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
En entrevista, el funcionario electoral recordó que durante su participación en la sesión extraordinaria del Consejo General del Ceepac en que se aprobaron los lineamientos para el plebiscito, expresó que es necesario hacerle modificaciones a la normativa para actualizarla respecto de los mecanismos de participación ciudadana disponibles en otras latitudes nacional y subnacionales.
Lo anterior ante el cuestionamiento sobre el mínimo de participación ciudadana para que sea válido, ya que de acuerdo con el artículo 15 de la referida ley, se establece que “cuando sea solicitado por los ciudadanos, los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio siempre que se obtenga, por lo menos, las dos terceras partes de la votación válidamente emitida”.
Asimismo, que para el caso de que no se cumpla con este supuesto, “el resultado del plebiscito tendrá carácter de recomendación para la autoridad, por lo que ésta en uso de sus atribuciones, podrá determinar lo conducente”.
En este sentido, no hay disposición alguna que señale algún porcentaje mínimo de participación para que el plebiscito sea vinculante, además se debe destacar que la solicitud para la municipalización de Villa de Pozos fue presentada por el Congreso del Estado, no directamente por la ciudadanía, aunque se apoyó en sus firmas.
Con respecto a la posibilidad de participación, Juan Manuel Ramírez informó que está abierto a toda la ciudadanía del municipio de San Luis Potosí.
Finalmente, el consejero expresó en su punto de vista personal que en el supuesto de que se presente poca participación, se podría leer como que “el resultado goza de poca legitimidad, que lamentablemente se ejerció una cantidad considerable de recursos humanos, materiales, financieros, tiempo, en un proceso que no logró convocar a la ciudadanía a ejercer el derecho que tienen de participar en los asuntos públicos”.