Por ser colombiano, a Sebastián García, estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) le negaron la venta de un boleto para viajar a Zacatecas, aún y cuando presentó su identificación y carta de residencia en México.
Y no es una interpretación de los hechos; la mujer que le atendió en la ventanilla de la empresa Ómnibus le dijo que no podrían venderle un boleto por ser extranjero.
“Ese día fue exactamente, sábado 18 de diciembre, estaba en la central de Autobuses de San Luis y tenía pensado viajar hacia Zacatecas con mi madre, me acerqué a la ventanilla del Ómnibus, me dicen que tienen disponible autobús para la 1:00 pm (…) al momento de ver mi identificación, me dicen que no se puede vender porque soy extranjero, que es política de la empresa”.
“Estoy autorizada a vender solo a los mexicanos”, fue lo que finalmente le mencionó la vendedora de la empresa de transporte, al estudiante de maestría.
Sebastián reconoce que se molestó, pero reconoció una violación a su derecho de tránsito y así se lo expuso a quien lo atendía en la ventanilla, sin embargo, recibió como respuesta que “ella sabe, pero es la política de la empresa que están manejando”.
En estas palabras, Sebastián percibió algo de cinismo y argumentó violación a su derecho de tránsito, lo que no fue útil para conseguir que le vendieran un boleto.
“Al final me tocó esperar al de (la empresa) Futura que salía a las 8:00 pm”, responde resignado.
Restricción, una orden federal
Sebastián, pudo verse afectado por una mala interpretación de las recientes medidas emprendidas por el gobierno federal para impedir el tránsito de personas migrantes en situación irregular hacia la frontera a través de empresas de transporte concesionado.
La empresa Ómnibus de México, mantiene en su página un comunicado que refiere que “Por instrucción oficial toda persona deberá presentar una identificación válida. En el caso de ser extranjeros, se les solicitará su permiso para poder comprar un boleto y abordar el autobús”.
El pasado 18 de junio del 2019, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció, que al momento de comprar boletos de autobuses para trayectos largos se requeriría una identificación de la persona compradora, bajo el argumento de que el descontrol en estas acciones era uno de los argumentos de Estados Unidos para imponer aranceles.
El objetivo de la instrucción fue impedir que personas migrantes en situación irregular utilicen estas vías para trasladarse hacia el país del norte.
Sebastián desconocía esta medida y recuerda que hace un par de años utilizó los autobuses de la empresa Ómnibus para viajar sin problema alguno.
Acto discriminatorio
La situación migratoria de Sebastián es diferente a la de aquellas personas a las que se les pretende restringir el tránsito, ya que cuenta con una carta de residencia que avala su estancia legal en el país.
Para Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la UASLP, la acción de restringir la venta de boletos de autobús a personas extranjeras es un acto discriminatorio e incluso puede ser encuadrado como un delito grave por la forma en la que se manifestó.
“Es particularmente grave porque lo ejerce una compañía comercial que provee un servicio concesionado por el Estado (…) y no tendrían que sujetar sus criterios comerciales ni sus pautas mercantiles por encima de la Constitución que previene el principio y derecho de no discriminación”.
Manifestó que, aunque haya un mandato federal al respecto, la empresa tendría que vender un boleto a quien demuestre una residencia legal, pues se podría entender que lo que se cuida es que no se traslade a personas en situación migratoria irregular, caso que no es el de Sebastián.
“Esta pauta es acto arbitrario, es una medida desproporcionada y está plenamente injustificada y por lo tanto viola los derechos humanos de igualdad y no discriminación y además del acceso a un servicio”, no solo eso, también es contrario a lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este mandato establece que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes” y solo habla de limitaciones relacionadas con la que se impongan a través de leyes migratorias.
La empresa puede ser sancionada
Para Sebastián cambió la percepción de México respecto a la recepción de migrantes, pues siempre tuvo la idea de que los extranjeros son bien recibidos.
“Esta situación, vivirla de frente, me decepciona un poco, pero, también me enfrentó a la realidad que tenemos que pasar muchos migrantes que se dan a la tarea de atravesar México para llegar, muchas veces, a Estados Unidos o para tratar de buscar alguna oportunidad acá en México”.
Sin embargo, consideró “vital” denunciar las prácticas discriminatorias del personal de las empresas o las propias empresas para que esto no vuelva a pasar, “si me pasó eso a mí que tenía la residencia y que les dije y lo demás…pues yo no me quiero imaginar qué está pasando con personas que no tiene esa situación y que vienen en una posición más difícil”.
El abogado Guillermo Luévano, señala que este acto de discriminación puede ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta última instancia tendría la facultad de requerir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, información respecto del hecho discriminatorio a la empresa, que en su caso podría ser sancionada.
Sebastián desconocía las instancias a las que podría recurrir para interponer una queja, sin embargo considera que esto produce efectos adversos a nivel físico y psíquico, pues expone a las personas a situaciones de vulneración a la espera de obtener un boleto para transportarse a otro sitio.