El sistema de vigilancia de la obra pública fue diseñado sin dientes por los propios diputados. Leyes laxas o que complican la revisión de asuntos donde es necesario gastar dinero, abren la puerta para generar casos de impunidad en la administración fraudulenta de los recursos públicos. Un responsable de obra puede auditar en forma deficiente y permitir que una constructora entregue una construcción sin cumplir siquiera con los requisitos de pruebas de resistencia.
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En 2014, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del gobierno estatal programó la licitación del paso inferior desnivel que conecta las avenidas Prolongación Muñoz y Vasco de Quiroga, por debajo del crucero ferroviario de la avenida Hernán Cortés, en la Colonia Industrial Aviación. La constructora ganadora debía sustituir la base hidráulica para la repavimentación de los carriles que se convirtieran en laterales, y hacer lo necesario para procurar una resistencia a largo plazo.
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No han pasado ni cuatro años desde que la obra se encuentra totalmente en funcionamiento, y las autoridades auditoras ni siquiera han tenido la ocurrencia de revisar el trabajo de esa constructora para una infraestructura que en muy corto tiempo ya presenta fallas importantes. O posiblemente la omisión es deliberada, en un proceso donde ni siquiera la resistencia del pavimento coincide con las garantías incluso de más de una década que ofrecen los ganadores de la licitación.
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Las redes de corrupción son usuales cuando se trata de casos que se mantienen impunes, poco vigilados o ni siquiera revisados. Así sucede por ejemplo con el caso de Interapas, el organismo público autónomo responsable del suministro del agua potable a la zona metropolitana de San Luis Potosí. La aparición de intermediarios para prestar el servicio médico a los trabajadores, nada bueno presagia de la herencia del ayuntamiento y la presencia en la junta de gobierno de Ricardo Gallardo. Un intermediario cuesta caro y no se sabe con precisión qué tipo de trabajo hace.
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Se trata del mismo organismo operador de agua que se mantiene endeudado a pesar de recibir dinero líquido, que mantenía pendiente el mantenimiento o en su caso sustitución de equipos de bombeo para pozos en decenas de casos, o que mantenía personal con funciones dudosas en la nómina del organismo operador. Obviamente ese personal sobrante gozaba de alguna recomendación de alguna otra persona.
Alguna vez, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción cuestionó a la delegación local de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, por mantener procedimientos de asignación de obra sin licitación o destinadas a un club de amigos que ganarían prácticamente todos los procedimientos de licitación de obra. Incluso alguien cuestionó que si el delegado César Enrique García Coronado ya se había “Gallardizado”.
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No andaban tan perdidos, si se considera que el Centro SCT y en particular su titular es señalado por personal de Interapas como alguien muy cercano a los Gallardo. Según los empleados, de esa cercanía sobrevivieron una serie de recomendados que fueron acomodados en diversas oficinas del organismo operador únicamente para engrosar la nómina y para dar trabajo a personas cercanas al delegado federal.
Los empleados del Interapas hablan de un intercambio de recomendaciones para dar trabajo a gente y con eso saldar algunas lealtades con cargo al erario público.
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