La dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE) denunció que, desde el inicio de la actual administración estatal, han fallecido 24 de sus agremiados, situación que atribuyó a despidos, falta de atención médica y presuntas violaciones a los derechos laborales. Además, aseguró que los familiares de los trabajadores no han recibido los gastos de marcha correspondientes.
En conferencia de prensa, la secretaria general del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, afirmó que varios de los trabajadores despedidos quedaron sin acceso a los servicios médicos que recibían como empleados en activo, lo que, dijo, provocó que algunos interrumpieran tratamientos por enfermedades crónicas o degenerativas. Añadió que la misma situación afecta a jubilados y pensionados, quienes, según el sindicato, también han sufrido reducciones en sus percepciones sin sustento legal.
La dirigente sostuvo que los beneficiarios de los 24 trabajadores fallecidos han realizado los trámites para cobrar los gastos de marcha desde 2021; sin embargo, aseguró que, aunque algunos fueron llamados para firmar documentos en los que se les informó que recibirían el recurso, hasta la fecha ninguno ha obtenido el pago. Entre los casos mencionó el de un trabajador identificado como Cosme, cuyo fallecimiento relacionó con la pérdida de su empleo y la falta de acceso a servicios de salud, así como el de una trabajadora fallecida en septiembre de 2024, de quien señaló que no pudo costear el tratamiento de una enfermedad degenerativa.
Reséndiz Lara agregó que actualmente el sindicato tiene identificados 86 trabajadores que requieren atención médica urgente y que, afirmó, no la reciben por parte del Gobierno del Estado. Señaló además que la cobertura del seguro de gastos médicos mayores resulta insuficiente, al no superar los 18 mil pesos, y acusó que persiste la negativa para incorporar a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que, dijo, deja a la burocracia estatal en condiciones de vulnerabilidad.
Ante este panorama, el SITTGE exigió al Gobierno del Estado garantizar el derecho a la salud de los trabajadores, cubrir los gastos de marcha pendientes y reinstalar a quienes fueron despedidos para que recuperen ingresos y acceso a servicios médicos.