El gobierno del estado no tendría asidero legal para destinar recursos a varios gastos "extraordinario" este año, incluyendo el pago del adeudo a la UASLP, obligación que vencería en unos días, y a pensionados, por lo que la diputada local Dolores Robles Chairez, de la bancada del PVEM en el Congreso, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Presupuesto de Egresos de este año para que la Secretaría de Finanzas (Sefin) realice las adecuaciones presupuestales pertinentes.
Lo anterior queda establecido en la iniciativa de la legisladora que propone adicionar dos artículos de la citada Ley para permitir que la Secretaría de Finanzas garantice la disponibilidad de recursos, a través de dichas adecuaciones, para el pago de obligaciones en materia de pensiones y otros gastos extraordinarios surgidos este año, después de que fueran aprobados los egresos de 2025.
La iniciativa explica que la Constitución local y la Ley del Presupuesto de Egresos limitan al gobierno estatal a pagar sólo los gastos previstos en el segundo ordenamiento y sobre los que cuente suficiencia presupuestal.
"La presente iniciativa", señala la propuesta, "pretende adecuar el marco jurídico estatal en materia de presupuesto, derivado de las situaciones extraordinarias que no pudieron ser consideradas en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 y que por necesidad financiera requieren ser aprobadas por esta Honorable Legislatura".
Entre estas situaciones imprevistas, la iniciativa cita la reforma judicial votada este año, la aportación estatal de este año que obliga el convenio con la UASLP y el gobierno federal, y que debería ser saldada a mediados de este mes y la aportación estatal al sector Salud para la atención gratuita a la ciudadanía, acordada en un convenio firmado en febrero.
También se incluye el gasto para enfrentar los daños generados por las tormentas del mes pasado en la Huasteca; la reclasificación del gasto para créditos fiscales, adeudos de pasadas administraciones y "otras necesidades de gasto público", así como garantizar el pago de pensionados "cuyos fondos se vean agotados".
La iniciativa no establece los montos que deberán destinarse a estos gastos y reitera que cuando se aprobó el presupuesto para este año, ni el Ejecutivo ni el Legislativo "tuvieron información que permitiera aprobar un presupuesto que incluyera los montos suficientes para cumplir con los compromisos que sobrevendrían".