San Luis Potosí es uno de los 26 estados que ha ignorado la sentencia que invalida la penalización del aborto, por lo cual las mujeres que lo practican fuera de las excepciones previstas en la norma local siguen siendo criminalizadas, advierte un estudio del Senador de la República.
Lo anterior se expresa en el reporte “Panorama Actual Sobre el Aborto en México”, coordinado por Irma Kánter Coronel y publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En el documento se señala que tras la “histórica” sentencia emitida en septiembre pasado por el Pleno de la SCJN, en la que se declara inconstitucional la criminalización del aborto de manera absoluta y se pronuncia a favor de garantizar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre la interrupción del embarazo sin que ello implique enfrentar consecuencias penales, sólo seis estados han adecuado su normatividad.
Entre las 26 que no lo han hecho, está San Luis Potosí, cuyo Código Penal sanciona el aborto.
El estudio detectó en los estados siete excepciones a la criminalización del aborto, de las cuales tres se aplican en San Luis, una de las cifras más bajas. En el estado, el aborto no se persigue cuando el embarazo se originó de una violación, pone en riesgo la vida de la madre o es producto de una inseminación artificial no consensada.
Fuera de esos casos, la mujer que aborta puede enfrentar una sentencia de entre uno y tres años, además de que debe pagar una sanción económica que va de las 100 a las 300 unidades de medida y actualización.
El documento detalla que las sanciones más duras se registran en Sonora. En Tlaxcala, la pérdida de libertad se limita a 15 días.
El estudio indica que existe la necesidad de homologar la situación legal del aborto en las entidades, se pronuncia por que “en todo el territorio nacional, las mujeres y las personas gestantes deberían tener los mismos derechos a la interrupción voluntaria del embarazo y el mismo acceso a servicios legales, seguros y gratuitos, en particular las más desprotegidas”.
Concluye que “la criminalización del aborto constituye una violación a los derechos humanos fundamentales”.