Pese a que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) reconoció que se registran casos de falsificación o alteración de documentos en los procesos de despido de burócratas estatales, la Comisión del Trabajo del Congreso estatal desestimó una iniciativa para que las separaciones voluntarias de empleados gubernamentales fueran ratificadas por el interesado ante el tribunal.
El señalamiento del TECA se inscribe dentro del trámite de una iniciativa de la diputada morenista Marite Hernández Correa, que pretendía reformar la primera fracción del artículo 54 de la Ley de los trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas de San Luis Potosí.
La legisladora explica en la exposición de motivos que en el servicio público en la entidad se ha detectado la “práctica vejatoria” de obligar a los trabajadores recién contratados a firmar su renuncia sin fecha definida o bien en un documento en blanco.
“Los tribunales administrativos detectan estos casos diariamente”, señala.
Para prevenir esa práctica, propuso reformar la citada Ley para que la renuncia voluntaria de un burócrata sólo fuera efectiva si se ratificaba ante el TECA.
Para anlizar la iniciativa, la Comisión pidió una opinión técnica de la presidenta del Tribunal, Rosa Cervantes Gamboa, en la que la funcionaria confirma la existencia de esa y otras prácticas vejatorias de los derechos laborales de la burocracia estatal.
La presidenta del TECA señala que esa mala práctica tiene un uso generalizado en los tribunales “en perjuicio del trabajador, a entera discreción de la entidad pública”.
Cervantes Gamboa también reconoce que “se ha vuelto cotidiana” en el TECA la detección de escritos de renuncia falsos, confeccionados con fragmentos de otros documentos en los que aparece la firma de un trabajador en un trámite completamente ajeno a la renuncia.
La funcionaria consideró oportuna la iniciativa de que el trabajador ratifique la renuncia ante la instancia que dirige.
Sin embargo, en un comentario también requerido a la entonces titular de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, Ada Andrade Contreras, descalificó la medida, señalando que “restringe el derecho de elección del trabajador sobre su libertad de dar por concluido en cualquier momento la relación laboral”.
La comisión legislativa adoptó sólo este último criterio, el de la parte patronal en la relación gobierno-burocracia, para decretar, y lo hizo suyo para declarar improcedente la iniciativa.