Se busca que de 561 casos de violencia contra féminas atendidos de enero a marzo de 2018, en por los menos el 90 por ciento de ellos la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) decrete medidas de protección o restricción, informó la Coordinación General de los Centros de Justicia para Mujeres.
Es decir, que el referido organismo público promueve que la PGJE -ahora Fiscalía General del Estado- apruebe 504.9 procedimientos para proteger la integridad física de esas potosinas en riesgo.
Julieta Méndez Salas, titular de la referida coordinación general, reportó que las 561 atenciones brindadas en el periodo mencionado, las asesorías y auxilios son situaciones relacionadas con algún tipo de violencia.
Reveló que del total de los asuntos recabados de las oficinas de la capital potosina, Matlapa, y Rioverde, el 90 por ciento de los agresores son el esposo y la pareja de la mujer, pero sin que haya de por medio un matrimonio formal.
“Estamos en ese camino, en que se pueda hacer visible la importancia de no solo solicitar las medidas, sino que la Fiscalía las autorice y después las autoridades de policía (…) también puedan darle seguimiento”, comentó.
Méndez Salas explicó que las medidas se promueven cuando hay un riesgo inminente de la víctima en su integridad física y a la de sus vástagos, por ello, es importante que la PGJE, con perspectiva de género apruebe las solicitudes, urgió.