El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, evitó fijar una postura sobre la solicitud de casi 2 mil 800 millones de pesos que concesionarios del transporte público plantean para 2027, al señalar que primero deberá avanzar la revisión legislativa de la iniciativa.
"Por lo pronto no está en nuestra cancha", declaró el mandatario al ser cuestionado sobre la propuesta ciudadana que busca asignar recursos públicos para renovar unidades y cubrir gastos de operación del servicio urbano.
Gallardo Cardona sostuvo que corresponderá inicialmente a los congresos revisar el planteamiento y, una vez que llegue al ámbito del Ejecutivo estatal, se analizará su contenido y viabilidad.
La iniciativa, presentada por Margarito Terán López y otros nueve ciudadanos, propone destinar 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos al transporte público metropolitano durante 2027, mediante la creación de un programa de fortalecimiento y apoyo al usuario.
El proyecto contempla financiar la renovación de 768 unidades, cubrir déficits operativos, reconocer un margen de utilidad de 15 por ciento para los concesionarios y amortizar pérdidas del periodo de pandemia. Por ahora, el gobernador no adelantó si su administración respaldaría la asignación presupuestal solicitada.
¿Qué dicen en Congreso?
La solicitud para financiar el transporte urbano en 2027 fue considerada excesiva por Héctor Serrano Cortés y Luis Fernando Gámez Macías, aunque ambos señalaron que la propuesta debe analizarse.
Gámez rechazó un aumento a la tarifa, mientras que Serrano sostuvo que el monto debe justificarse conforme a las necesidades de la política pública estatal.
Serrano Cortés señaló que existen otras necesidades sociales por atender y que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) evaluar la propuesta y determinar los recursos necesarios.
Gámez Macías calificó la solicitud como "un tanto cuanto excesiva" y pidió revisar que no existan intereses personales en el planteamiento. Sobre la renovación de unidades, reconoció que existe un rezago de varios años y que la ley contempla la modernización cada diez años.