Sugieren cambios al proyecto de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Revisión integral a otras legislaciones, análisis con perspectiva de género y no duplicar acciones entre la Federación y el Estado para no generar conflictos, son algunos de los planteamientos expuestos en el conversatorio "Propuestas de Modificación y Observaciones al proyecto de Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas".

En reunión virtual vía Zoom de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado,  Lucía Lagunes Huerta, presidenta de la Comunicación e Imagen  de la Mujer A.C. (CIMAC), recordó  que, de acuerdo con el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas federal  e informes de las propias organizaciones, el 60% de los agresores son funcionarios estatales y municipales.
María José Puente Zavala, integrante de la Red de Mujeres Periodista  de San Luis Potosí,  reportó en su intervención, que la organización ha documentado agresiones de diversa índole, es decir,  impedimento para el ejercicio periodístico, censura y ataques en redes sociales. 
Describió que los casos registrados en municipios de las cuatro regiones del Estado, exponen hechos atribuidos a policías municipales, presidentes municipales y funcionarios  públicos.
A su vez, Alejandra Valdés Martínez, diputada integrante de la dictaminadora, advirtió que ante el desarrollo del proceso electoral, funcionarios utilizan a los medios de información y periodistas para señalar  a otros actores políticos.
Itzia Miravate, coordinadora en documentación de la organización Artículo 19, coincidió con la congresista al señalar que suele suscitarse ese tipo de prácticas,  dado que no hay regulación óptima de los recursos otorgados  por las oficinas de Comunicación Social  gubernamental a los medios informativos.
Por su parte, Marite Hernández Correa, diputada presidenta de la Comisión, destacó la importancia de analizar este tipo de mociones legislativas con la participación de los especialistas y los actores favorecidos, toda vez que la retroalimentación es relevante para establecer los mejores criterios.