Un juez federal otorgó la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 474/2026, con lo que se detiene cualquier intento de venta o enajenación del predio conocido como Bosque Urbano Puerta de Piedra por parte del Ayuntamiento de la capital.
La resolución, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito, ordena mantener las condiciones del terreno tal como se encontraban antes del acuerdo de Cabildo del 11 de febrero de 2026.
En la práctica, esto implica que, aun cuando el predio hubiera sido subastado, la operación de compraventa no puede concretarse ni realizar cambios en la posesión o uso del suelo mientras el juicio continúe.
Este caso se enmarca en el proceso impulsado por el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, que aprobó la desincorporación y posterior subasta de 18 predios municipales con el argumento de fortalecer las finanzas públicas y obtener recursos para obras y proyectos urbanos, la cual finalmente se concretó con la subasta de 13 predios.
Dentro de este paquete de bienes se incluyó el terreno de Puerta de Piedra, lo que generó inconformidad entre vecinos y colectivos ambientalistas que cuestionaron tanto la selección de los predios como la falta de consulta pública y claridad en los criterios de venta.
El recurso fue promovido por ciudadanos organizados, quienes impugnaron la desincorporación del terreno del dominio público al considerar que vulnera el derecho a un medio ambiente sano y señalar presuntas irregularidades en el procedimiento.
De acuerdo con el Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra, el espacio cuenta con más de 120 especies vegetales sembradas mediante jornadas comunitarias. La determinación judicial también contrasta con la postura del alcalde, quien previamente había minimizado el valor ecológico del sitio.
Con esta medida, el colectivo considera que el Poder Judicial prioriza la revisión de la legalidad del proceso y la protección de derechos ambientales antes de permitir cualquier acto de disposición del inmueble.
La suspensión definitiva permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo, lo que brinda una protección temporal al predio.
Los vecinos de la zona consideraron que se sienta un precedente en la ciudad sobre la relevancia de la participación ciudadana en decisiones urbanas y la defensa legal de los espacios verdes frente a políticas de enajenación de bienes públicos.