En el papel, los nuevos delegados del gobierno federal presentan una opción saludable a la situación que prevalece hoy.
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Cónsules en sus islas de influencia, algunos delegados han cosechado poder y dinero al amparo de la autoridad federal.
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También han sido beneficiarios de privilegiados ingresos por la vía de sueldos, salarios y prestaciones.
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Terminar con esa influencia y esos altos ingresos deberían justificar la existencia de los delegados.
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Pero, a pesar del discurso oficial, no se dispersa el temor de que estos nuevos funcionarios acumulen demasiado poder e influencia que replique el esquema que pretende sustituir.
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El tiempo dirá qué camino seguirán los delegados lopezobradoristas y si los temores tienen fundamento.
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La atención de los escándalos que ha generado el Congreso se la han llevado “La Ecuación Corrupta” y el caso del desvío de la partida de Gestoría Institucional a través de beneficiarios y facturas falsas, en ese orden.
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Hay, sin embargo, otra partida de la que ha estado sacando provecho los legisladores y apenas se ha atisbado la profundidad de la afectación.
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Se trata de los recursos de la partida de capacitación, que en este año y el pasado sumó tres millones 076 mil pesos.
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El modo en que los diputados los extrajeron de las cuentas bancarias del Congreso es una variación de las facturas falsas: documentos comprobatorios de empresas o particulares con dudosos antecedentes educativos, pero que igual se llevaban jugosas sumas.
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El reparto era equitativo, y los diputados recibían sumas exactamente iguales. Y lo mismo costaba un curso sobre transparencia, el nuevo sistema de justicia penal, agricultura y ganadería o las más disímiles disciplinas.
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Igual que con la Gestoría Institucional, en el rubro de Capacitación hay domicilios abandonados o inexistentes y empresas proveedoras de rubro muy alejado a la capacitación que imparten e incluso capacitadores de orígenes gubernamentales inhabilitados.
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Esas irregularidades fueron documentadas por los medios y por el Consejo Ciudadano de Transparencia, como ocurrió con la Gestoría.
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Y ahora también, una autoridad con poder coercitivo ya se fijó en el asunto. La Auditoría Superior del Estado realizó observaciones por 1.2 millones de pesos por irregularidades encontradas en la cuenta pública legislativa relacionadas a la partida de Capacitación.
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Beneficiarios ilocalizables y la ausencia de evidencia de que los cursos se impartieron son los motivos de las observaciones.
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Es posible que los diputados respondan a estas observaciones como lo hicieron con los reportes mediáticos: sin hacer nada.
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La diferencia ahora es que ahora está latente la posibilidad de una sanción.
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¡HASTA MAÑANA!