Desde el 14 de mayo pasado está vigente en San Luis Potosí la nueva Ley de Educación del Estado, que contiene las modificaciones más polémicas que le fueron observadas a la legislación poblana en materia de intervención del estado en la educación privada.
El abogado Luis González Lozano indicó que la Ley, que fue aprobada por el Congreso y publicada por el Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado, puede ser impugnada aún.
La ley fue votada por el Congreso el 14 de mayo, y aprobada con 21 votos a favor y 6 en contra, los de la bancada panista. De manera exprés, apareció publicada en esa misma fecha en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, con lo que adquiere validez legal.
Asimismo, González Lozano afirmó que la ley potosina tiene las mismas disposiciones de su equivalente poblano en las que da atribuciones al Ejecutivo para fiscalizar y sancionar instituciones, regular cuotas, y considerar bienes de las instituciones educativas privadas, parte del sistema educativo estatal. “Es decir igual que la Ley Barbosa”, señaló el abogado.
De hecho, la redacción entre ambas legislaciones es casi idéntica. Es el caso del artículo 94 de la ley potosina, en la que establece que “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno del Estado y los municipios, así como por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.
La redacción tiene mínimas variaciones con respecto al artículo 105 de la ley poblana, mismo que desató una polémica a nivel nacional debido a que algunos sectores vieron un amago expropiatorio en la medida.
Sobre el artículo 94, indicó que “pudiera interpretarse como una expropiación. Si la autoridad educativa lo requiere, podría usar a su antojo de instalaciones de colegios privados”.