José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado dijo que la interrupción legal del embarazo no se debe politizar y afrontar realidades “a pesar de que políticamente pudiera no ser rentable”.
Refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no se puede encarcelar a las mujeres que decidan abortar y que todas las entidades deben despenalizar esa práctica.
“La decisión ellos (los congresistas) la tomarán, nosotros somos respetuosos, el interés del estado es que todos los adolescentes y todas las personas seamos responsables en el tema de la reproducción; que estemos bien informados, bien impuestos y sobre todo, bien definido de lo que implica ser padre o madre”, argumentó.
San Luis Potosí criminaliza a las mujeres que aborten con una pena de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 unidades de medida y actualización (UMA), es decir, de 10 mil 374 a 31 mil 122 pesos.
El 1 de junio, el colectivo ILE S.L.P, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero no ha avanzado.