La finalidad de la tortura, ejercida por policías, busca que las víctimas de estos actos se adjudiquen delitos o una serie de ilícitos no cometidos, o bien si son delincuentes en cierto rubro, ésta práctica ilegal sirve para catalogarlos como “jefes de bandas”, adujo Francisco Salazar Soni, profesor de la Facultad de Derecho de la UASLP.
En días anteriores, se divulgó a través de un video, que tres policías municipales de Villa de la Paz, agreden física y verbalmente a un hombre detenido en la barandilla, a quien “tablean” en los glúteos.
Rememoró que hace dos años se creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sin embargo, no ha sucedido “gran cosa” porque se carece de un protocolo homologado.
“Los plazos se cumplían a mediados del año pasado para cumplir con ciertos estándares, todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia”, añadió el profesor de la Facultad de Derecho.
Para el también analista en seguridad, no existen controles de supervisión ni de inflexión de la propia actividad policial, por entes de las propias instituciones de seguridad pública o de observadores ciudadanos
Salazar Soni expresó que puede ser de gran utilidad la colocación de tecnología como cámaras de videograbación de circuito cerrado en los centros de detención y en las patrullas. Sin embargo, el académico advirtió que no servirán si no existe supervisión.