Trabajadora de Ayuntamiento de Tanquián fue víctima de abuso sexual en 2018; CEDH emite recomendación

La víctima fue agredida por un compañero de trabajo y aunque solicitó auxilio a su jefe este le dijo que no quería saber de lo sucedido

En el 2018, una trabajadora del ayuntamiento de Tanquián de Escobedo fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero de trabajo, recibió amenazas de muerte y su casa fue quemada, presuntamente por otro servidor público, reveló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH).

Derivado de ello, emitió la Recomendación 13/2022 a María Sánchez Barrios, presidenta municipal de Tanquián de Escobedo.

De acuerdo con los datos recabados en el expediente 2VQU-0130/19, la trabajadora narró que el 3 de octubre de 2018 sufrió abuso sexual por uno de sus compañeros, acoso y amenazas durante los días posteriores.

Ante ello, el 5 de octubre de 2018 solicitó ayuda a su jefe, quien le dijo que no quería saber de lo sucedido. Después de poco más de un año, es decir, en noviembre de 2019, acudió a la oficina de nueva cuenta con él y le narró lo que pasó, pero fue objeto de burlas.

Los hechos se agravaron el 24 de julio de 2019, pues personas detonaron armas de fuego afuera de su casa y luego le prendieron fuego, lugar en donde se encontraba con su papá e hijos, resultando lesionado su progenitor.

Así, interpuso una denuncia por los delitos de amenazas y daño en las cosas, radicándose la carpeta de investigación en la Agencia del Ministerio Público Mesa II de Tramitación Común en Ciudad Valles.

Tras la valoración, la CEDH encontró que hay elementos de prueba suficientes para acreditar la violación al derecho de las mujeres a un mundo libre de violencia, por acoso y hostigamiento sexual por actos atribuidos al personal del tal ayuntamiento.

Como puntos recomendatorios, expuso: realizar cursos sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia; tomar medidas para garantizar y salvaguardar la vida y la empleada y su familia; reparar de forma integral el daño y colaborar en la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas; y colaborar con la Fiscalía General del Estado en la integración de dicha carpeta de investigación.