En San Luis Potosí, hay personas que trabajan sin comprender las instrucciones que reciben, operan maquinaria con manuales en idiomas que no dominan y cumplen órdenes que deben interpretar a ciegas.
De esa realidad surge la Ley Yuli, una iniciativa ciudadana que ya fue turnada a la Comisión del Trabajo del Congreso del Estado y que busca hacer obligatorio el uso del idioma español en etiquetas, programas, manuales y equipos de trabajo.
La propuesta plantea que toda la información relacionada con maquinaria, herramientas, sistemas tecnológicos, manuales de operación, instrucciones de seguridad y procesos laborales sea presentada en español. El objetivo es prevenir accidentes, abusos y exclusiones, y proteger la vida, la integridad física y la dignidad laboral de las y los trabajadores.
La iniciativa fue promovida por la ciudadana Julieta Terán, quien en diciembre pasado expuso que persisten prácticas de precarización laboral, como la falta de contratos, la ausencia de seguridad social y condiciones de maltrato y discriminación.
Estas situaciones, señaló, se agravan particularmente en centros laborales operados por empleadores extranjeros, donde el idioma se convierte en un factor de riesgo y desigualdad.
De acuerdo con la información presentada, estas problemáticas han sido documentadas en sectores como comercio, importadoras, tiendas de tecnología, restaurantes y cadenas comerciales.
En estos espacios, además de la falta de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social y de contratos formales, se han identificado barreras lingüísticas que obligan a las personas trabajadoras a desempeñar sus funciones sin comprender plenamente los procedimientos ni los riesgos que enfrentan.
La Ley Yuli contempla siete planteamientos, entre los que destacan la obligación de que toda comunicación laboral se realice en idioma español y la afiliación obligatoria al IMSS desde el primer día de trabajo, sin excepciones.