Transparencia retrocedería hasta 20 años, señalan

Autoridades cuestionadas atenderían reclamos e inconformidades

Las iniciativas para crear el nuevo modelo de transparencia en San Luis Potosí, presentadas por el diputado del PVEM Luis Felipe Castro Barrón con acompañamiento técnico del Poder Ejecutivo, generan incertidumbre sobre cómo se garantizará el acceso a la información y podrían representar un retroceso frente a un esquema autónomo vigente durante más de dos décadas, advirtió Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP.

Críticas de la academia sobre el nuevo modelo de transparencia

La académica explicó que una de las principales preocupaciones es que los recursos derivados de respuestas incompletas, negativas de información o declaraciones de inexistencia, sean revisados por instancias vinculadas con los propios sujetos obligados, lo que pondría en entredicho la imparcialidad de las resoluciones y debilitaría uno de los principales contrapesos en materia de transparencia.

Cambios en plazos y riesgos de autocensura

Sobre otro de los cambios planteados en la iniciativa, que amplía de 10 a 15 días hábiles el plazo para responder solicitudes de información, con posibilidad de extenderlo hasta 25, consideró que el problema no radica en el tiempo de respuesta, sino en que las autoridades entreguen información completa, útil y debidamente justificada.

La directora de la Facultad de Ciencias de la Información advirtió que el mayor riesgo es que el nuevo esquema termine respondiendo a necesidades de control gubernamental, en lugar de fortalecer el derecho de la ciudadanía a conocer información pública. Añadió que la falta de claridad sobre su funcionamiento también podría propiciar una “autocensura” en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

“Esta incertidumbre de cómo va a ser, no solamente es aquí a nivel local, sino a nivel nacional: que la persona responsable o entidad responsable sea parte del mismo proceso”, comentó.

Consideró indispensable que la ciudadanía, la academia, los medios de comunicación y periodistas participen en la discusión de las leyes secundarias.