Derivado de la renuncia en diciembre de 2021 de la entonces titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y designación de Edith Virginia Muñoz Gutiérrez como encargada del despacho, y al no haber sido designada una nueva persona como titular ni haber sido ratificada la encargada del despacho, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) promovió un juicio de amparo ante los juzgados federales.
El objetivo de dicho amparo es conocer la legalidad de los actos de fiscalización que se están desarrollando en este año 2023; el recurso legal aún se encuentra en trámite ante instancias federales.
Por medio de un comunicado, la UASLP recordó que la autonomía universitaria implica la responsabilidad de rendir cuentas de su trabajo, así como dar a conocer el origen, destino y uso de los recursos que recibe para garantizar que se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
La UASLP detalló que los recursos obtenidos en el 2022, tanto de la Federación como del Gobierno del Estado y de sus recursos propios, han sido objeto de los siguientes procesos: Presentación de la cuenta pública ante Congreso del Estado, así como la entrega de Estados Financieros dictaminados a la Comisión de Vigilancia y Consejo Directivo Universitario, y presentación de Informes Financieros Trimestrales del Subsidio Ordinario (ITSO) ante la Secretaría de Educación Pública.
Con respecto a las auditorías, la máxima casa de estudios potosina, informó que se encuentran en proceso por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASE), y el Órgano Interno de Control de la Universidad.
Recalcó también en el año 2022 no existieron recursos de carácter estatal otorgados por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ni recursos propios considerados en la Ley de Ingresos del Estado que pudieran ser materia de fiscalización por la ASE.
En el comunicado, la UASLP mencionó que "a 100 años de autonomía, reitera su compromiso inquebrantable con la sociedad de realizar sus funciones de educar, acorde al compromiso moral expresado en 1923 por Rafael Nieto al constituirla como una entidad independiente del Gobierno para alejarla de los vaivenes de la política y garantizando la legalidad y pertinencia de su actuación".