La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantendrá la defensa legal de los terrenos arrendados a Distribuidora VEM y acatará las resoluciones sobre las actuaciones dentro del juicio, afirmó el rector Alejandro Zermeño Guerra, al fijar postura sobre la información publicada acerca de documentos aportados por la representación universitaria y cuestionados ante el Ministerio Público Federal.
En un posicionamiento proporcionado a Pulso, Zermeño aseguró que la institución continuará utilizando todos los recursos y vías legales a su alcance para defender su patrimonio.
"Como rector, mi responsabilidad es velar por los bienes universitarios y así lo seguiremos haciendo, siempre dentro del marco normativo y con respeto absoluto a las determinaciones de las autoridades correspondientes", expresó.
"Así que mientras exista una vía para defender el patrimonio de la UASLP, haremos uso de ella", agregó.
Respecto de las actuaciones dentro del procedimiento, señaló que "corresponderá a las autoridades señalar lo conducente y la Universidad acatará su resolución".
El rector sostuvo que esto es independiente de la obligación institucional de continuar defendiendo los bienes universitarios por las vías establecidas en las leyes mexicanas. En su respuesta no abordó específicamente los documentos cuestionados.
Como antecedente, el 30 de septiembre Pulso informó sobre actuaciones en el expediente 11674/2025, relacionadas con anexos, especificaciones y calendarios presentados por la representación universitaria. La defensa de VEM sostuvo que esos documentos no estaban incorporados al contrato original firmado; los escritos con esos cuestionamientos fueron remitidos al Ministerio Público Federal.
La Oficina de la Abogacía General respondió ese mismo día que la documentación era legítima y negó que la jueza hubiera denunciado penalmente a su titular, Urenda Queletzú Navarro Sánchez. Sostuvo que el juzgado remitió los escritos, pero no accedió a la petición de VEM de que el propio órgano judicial formulara la denuncia.
En entrevista publicada el 1 de octubre, Navarro explicó además que desde el 5 de diciembre de 2025 se había acordado una vista al Ministerio Público a petición de la UASLP. Según la abogada, esa actuación estaba relacionada con 25 contratos de subarrendamiento presentados por la contraparte que no habían sido notificados a la Universidad, pese a existir la obligación de hacerlo. También rechazó la versión empresarial sobre las irregularidades documentales.
El litigio involucra 46 mil metros cuadrados en Lomas Cuarta Sección, arrendados para el proyecto Santa Fe.
La UASLP busca rescindir el contrato y recuperar el inmueble, al sostener que la propuesta deportiva fue modificada hacia un desarrollo comercial. VEM rechaza incumplimientos y atribuye los obstáculos para obtener permisos a que la institución no realizó la fusión catastral del terreno.
La empresa anunció una reclamación por 700 millones de pesos por daños y perjuicios, monto que constituye su pretensión económica y no una cantidad que un juez haya ordenado pagar a la Universidad.