Gabriela Martínez Lárraga, coordinadora parlamentaria de Redes Sociales Progresistas (RSP) en el Congreso local, calificó como un “ocurrencia” la iniciativa de castración química del PVEM y el PT.
Aparte, Liliana Guadalupe Flores Almazán, coordinadora del PAN, dijo que su bancada estudiará a fondo el tema, porque es importante conocer las consecuencias emocionales y físicas de aplicar dicho procedimiento médico.
Enfatizó que será necesario valorar diversas aristas del planteamiento, entre ello si castrar químicamente a una persona violadora, es una medida que garantiza el acceso a la justicia de las víctimas.
“Hay que analizarla. Hay tratados internacionales, pero también existen los derechos de quienes son víctimas, entonces son temas delicados, lo que más exigimos como grupo parlamentario de Acción Nacional, es que la justicia exista para las víctimas”, declaró.
Martínez Lárraga advirtió que la propuesta no sólo es inconstitucional, sino que contraviene tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, por lo tanto, es inviable aprobar una disposición de tal alcance.
Recalcó que existen diferentes formas de cometer violación, es decir, no se requiere un pene para su comisión, tal como lo prevén los artículos 150 y 152 del Código Penal del Estado.
“Es un disparate, que solo se maneja de manera mediática, porque no hay pruebas de que este procedimiento disminuya los números en este delito”, señaló la diputada.
Demandó que las bancadas presenten un reporte de cuántas carpetas de investigación por violación existen en la Fiscalía General del Estado (FGE), cuántas se han judicializado y cuántas se archivaron, a fin de conocer la realidad de tal ilícito.
Advirtió que un punto importante a considerar, es el impacto presupuestal, es decir, conocer cuánto implicará para el Estado realizar el “tratamiento médico consiste en la aplicación de fármacos con el propósito de reducir el líbido”, o castración química.