Los 4 mil permisos apócrifos de los que se dice que otorgó la administración municipal anterior, y que son atribuidos al extitular de comercio Gabriel Andrade Córdova y al exfuncionario Aldo Mikael Ramos Amador, fueron inventados por la actual administración municipal, y así consta en el testimonio rendido por el director de ingresos Luis Manuel Martínez Camacho.
Así lo señaló el propio Andrade Córdova, quien anunció que promovió un juicio relacionado con el procedimiento ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), y en éste, el propio Martínez Camacho envío el oficio D.I./604/2024 al titular de la Tercera Sala Unitaria, Jorge Alejandro Vera Noyola, el 17 de junio pasado, en la que reconoce que no existe tal caja número 34 de cobro, no existe ni titular de la misma, y por lo tanto tampoco alguna impresión y muestra de sello de pagado con leyenda de caja de cobro.
Consideró irónico que se vaya perdiendo el caso en la Contraloría y en el Tribunal haya pruebas contundentes de que se trata de un invento.
La respuesta se enmarca dentro del juicio de responsabilidad administrativa RA-16/2023/3, promovido por Andrade Córdova, a partir del procedimiento de responsabilidades en el que la contraloría interna municipal notificó por oficio CIM/AR/2021/2025, una inhabilitación en términos hasta ahora no precisados en el expediente CIM-US-PRA-180/2023.
"Todo lo que hay alrededor de ese proceso abierto en la contraloría nos dice que todo es perfectamente maquilado y apócrifo, porque incluso hay recibos que el propio ayuntamiento no reconoce.
"Quieren lavarse con nosotros... La realidad es que no son 4 mil permisos y no es ni uno".
Dijo entender que el proceso abierto en su contra es una muestra de la falta de capacidades del propio Ayuntamiento, porque se dice que admitieron permisos que no estaban en condiciones de darse, y se les pretende culpar de la inestabilidad comercial que hay en San Luis Potosí.
Añadió que se les quiere culpar de tanto negocio abierto sin condiciones."Si ellos van a una reelección y a otros tres años, es tiempo de que ellos tomen responsabilidad de sus propias acciones, entreguen a la justicia a quienes han sido negligentes, y dejen de buscar terceros para poder lavarse las manos".
Explicó que el expediente se fue al Tribunal de Justicia Administrativa porque no se considera que la Contraloría sea autoridad moral y competente en materia jurídica y y de justicia.
Finalmente, Andrade Córdova señaló que en todo caso ya deberían tener muy avanzados los procedimientos por casos como el ocurrido en el antro Rich.