La responsable de la aplicación de la “Ley Sabina” a nivel nacional en San Luis Potosí, Julia Monserrat Díaz Márquez, urgió al Congreso del Estado a avanzar en la apertura del padrón de deudores alimentarios, al considerar que mantenerlo como un registro privado, lo vuelve inoperante y perpetúa el abandono paterno y la violencia económica contra niñas, niños y adolescentes.
La activista explicó que, aunque el Poder Judicial ya cuenta con dicho padrón, su carácter reservado impide que cumpla con una función preventiva y de visibilización, ya que sólo puede consultarse mediante autorización judicial. Señaló que este modelo ha sido cuestionado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la publicación de estos registros no vulnera datos personales cuando se limita a información básica del deudor.
Díaz Márquez pidió a la senadora Ruth González Silva y a la bancada del Partido Verde abrir mesas de diálogo con colectivas y organizaciones civiles, con el objetivo de construir consensos que permitan hacer público el buró de deudas alimentarias, sin que ello represente una carga presupuestal adicional para el estado. Destacó que entidades como Ciudad de México y Oaxaca ya cuentan con padrones abiertos, consultables por nombre y CURP, lo que ha permitido agilizar trámites judiciales y reducir la reincidencia de deudores.
Afirmó que la exposición pública ha demostrado ser un mecanismo eficaz para obligar al cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Indicó que en San Luis Potosí el padrón registra apenas 181 personas, una cifra que calificó como irreal frente a la magnitud del problema, al recordar que la mayoría de los hogares son sostenidos por madres autónomas y que existen miles de procedimientos relacionados con pensiones, guarda y custodia y violencia familiar.
Finalmente, subrayó que la exigencia no tiene tintes partidistas, sino que responde a la necesidad de colocar en el centro el interés superior de la niñez, por lo que llamó a legisladores, activistas y ciudadanía a sumarse a un diálogo amplio que permita garantizar los derechos de las infancias potosinas.